YouTube anunció que permitirá a los creadores previamente prohibidos por sus políticas de desinformación sobre COVID-19 y las elecciones presidenciales de 2020 regresar a la plataforma. Según un comunicado de Alphabet, la empresa matriz, estas políticas han sido retiradas y la compañía busca ahora restaurar canales de forma limitada a aquellos usuarios cuyos contenidos fueron bloqueados bajo normas que ya no están vigentes. Un abogado de Alphabet afirmó que la administración Biden presionó a la compañía para eliminar contenido, incluso cuando no violaba las reglas internas de YouTube.
La misiva enviada al Comité Judicial de la Cámara de Representantes, liderado por el congresista Jim Jordan, detalla que funcionarios de la Casa Blanca realizaron interacciones continuas con Alphabet respecto a contenido generado por usuarios sobre COVID-19 que no infringía las políticas de la plataforma. La carta subraya: “Es inaceptable y erróneo cuando cualquier gobierno, incluida la administración Biden, intenta dictar cómo la compañía modera el contenido, y la empresa ha luchado consistentemente contra esos esfuerzos por motivos de la Primera Enmienda.”
YouTube ha retirado progresivamente las restricciones sobre desinformación política y médica. En junio de 2023, la plataforma dejó de eliminar videos que afirmaban falsamente que Trump ganó las elecciones de 2020, y en diciembre de 2024 eliminó las restricciones específicas sobre información de COVID-19, incorporándolas a un marco más amplio de información médica que incluye enfermedades como influenza y sarampión. Según Alphabet, la plataforma no realiza verificación de hechos directa, aunque ha ofrecido paneles de terceros para contrarrestar teorías conspirativas.
El programa de reinstalación se lanzará oficialmente en las próximas semanas y permitirá que ciertos creadores, especialmente aquellos vetados bajo políticas ya retiradas, recuperen su voz en la plataforma. La carta concluye: “YouTube continuará permitiendo la libre expresión en su plataforma, particularmente en temas sujetos a debate político. La expresión política y el debate público son de interés general.” Esta medida busca reforzar el compromiso de la empresa con la libertad de expresión frente a presiones políticas externas.