La cantante y actriz galardonada Andra Day atraviesa un fuerte conflicto judicial con su exmánager Jeff Evans, tras más de una década de trabajo conjunto. Ambos se acusan mutuamente de fraude y de incumplimiento de contrato en una serie de demandas presentadas esta semana en Los Ángeles. Evans, quien representó a la artista durante 14 años, sostiene que Day le debe más de 850.000 dólares correspondientes a un 40% de sus regalías editoriales y un 20% de comisión por otros acuerdos comerciales, incluyendo su participación en la película de Netflix The Deliverance.
Por su parte, Andra Day, cuyo nombre real es Cassandra Monique Batie, contraatacó con una contrademanda explosiva, en la que acusa a Evans de haberla “atrapado con las manos en la masa” robándole 1,6 millones de dólares. Según su versión, el exrepresentante habría desviado 600.000 dólares de un fondo de grabación y 1 millón más de ingresos musicales, dejándola al borde del desalojo y con deudas superiores a los 300.000 dólares en tarjetas de crédito. “Evans desvió tanto dinero que dejó a Day sin fondos para pagar sus cuentas ni financiar su gira”, afirma el documento presentado ante la corte.
La artista, conocida mundialmente por su interpretación de Rise Up y su aclamado papel en The United States vs. Billie Holiday, asegura que los términos de su acuerdo con Evans finalizaron en junio de 2023, mientras que él insiste en que seguían vigentes. En su demanda, Day califica el contrato de “explotador” y exige una auditoría completa para descubrir lo que denomina una “red de engaños financieros” que habría perjudicado gravemente sus finanzas personales y profesionales.
Este enfrentamiento legal promete ser largo y mediático, involucrando sumas millonarias y acusaciones de manipulación económica dentro de la industria musical. Mientras los abogados de ambas partes preparan sus estrategias, el caso de Andra Day reabre el debate sobre la protección de los artistas frente a acuerdos abusivos en el mundo del entretenimiento.