La Los Angeles Film School (LAFS) enfrenta serias acusaciones tras una demanda presentada por dos exejecutivos que afirman que la institución ha operado durante años un fraude masivo relacionado con préstamos estudiantiles, proporcionando miles de empleos falsos para sus graduados. Según los denunciantes, la escuela habría engañado al Departamento de Educación de EE. UU. durante una auditoría de 2017 para encubrir estas prácticas, creando una falsa percepción de éxito laboral entre sus estudiantes.
La demanda detalla que la LAFS ofrece programas de dos y cuatro años en cine, producción musical, animación y otras áreas, con matrículas de entre $40,000 y $80,000 por programa. Los exejecutivos aseguran que la mayoría de los graduados no lograba obtener puestos de nivel inicial en sus campos, y citan documentos internos que reflejan ingresos anuales de $0 a $5,000 para la mayoría de los egresados. La escuela recibe unos $85 millones anuales en asistencia federal, incluyendo aproximadamente $60 millones en préstamos estudiantiles y $19 millones en becas para veteranos.
Según la demanda, LAFS y Full Sail University, también propiedad del CEO James “Bill” Heavener, habrían creado empleos temporales simulados mediante pagos a empresas externas como Ivar Music Group, por casi $1 millón entre 2010 y 2017, para aparentar que sus graduados estaban empleados y cumplir con criterios de acreditación que exigen al menos un 70 % de colocación laboral. Los denunciantes sostienen que estas prácticas buscaban proteger la elegibilidad para ayudas federales, mientras que la escuela asegura que las acusaciones fueron previamente investigadas y resueltas por el Departamento de Educación.
Además, la demanda indica que la escuela vinculaba la compensación del equipo de ventas a la inscripción de estudiantes, ocultando esta información a los auditores federales. LAFS planea presentar una moción para desestimar la demanda el 1 de octubre, mientras que los exejecutivos buscan recuperar fondos de ayuda estudiantil obtenidos de manera fraudulenta en nombre del gobierno estadounidense, un caso que podría generar compensaciones del 25-30 % a los denunciantes privados si prospera.