La Los Angeles Film School (LAFS) pagó $1 millón en 2020 para resolver una auditoría federal, evitando sanciones más severas que otras instituciones educativas con fines de lucro han enfrentado. Los detalles de la auditoría del Departamento de Educación no se hicieron públicos en su momento, pero ahora forman parte de un acuerdo de conciliación obtenido por Variety.
La escuela enfrenta una demanda federal de denunciantes que alega un esquema masivo para contratar a miles de graduados en empleos ficticios de dos días, con el objetivo de inflar las cifras de colocación laboral y así seguir recibiendo millones en ayuda federal para estudiantes. Los denunciantes, Dave Phillips y Ben Chaib, exvicepresidentes de colocación y admisiones, respectivamente, afirman que la administración temía perder ingresos si los auditores descubrían el fraude.
En el acuerdo con el gobierno, LAFS aceptó no pagar a profesionales de la industria para contratar a sus graduados en el futuro, y resolvió los problemas de seguimiento y contabilidad identificados en el informe de 2018, incluyendo fallas en el registro de progreso académico, fechas de deserción y el uso indebido de fondos prestados para pagar la cuota de solicitud de $75. La escuela pagó $705,000 para resolver los problemas de auditoría, más $294,000 para cerrar la revisión de los datos de colocación laboral.
LAFS negó cualquier mala conducta y afirmó que cooperó plenamente con los auditores, señalando que sus graduados son contratados por empleadores debido a habilidades especializadas únicas. Sin embargo, la demanda de los denunciantes, presentada en 2025, alega que al menos un acuerdo de “pago por colocación” continuó hasta 2024, y que la administración intentó ocultar información clave durante la auditoría de 2017.
La escuela, propiedad de James “Bill” Heavener y tres socios, quienes también poseen Full Sail University, enfrenta ahora un juicio que ha sido pospuesto hasta octubre de 2026 por dificultades para obtener información del Departamento de Educación.
Históricamente, otras universidades con fines de lucro han recibido fuertes sanciones por inflar sus tasas de empleo, incluyendo DeVry University ($100 millones en 2016), Heald College ($29.7 millones en 2015) y Career Education Corp. ($10.25 millones en 2013).